Las leyes, reglamentos, bandos de policía y gobierno, decretos, circulares, acuerdos y demás normas que regulan su actividad.
La estructura orgánica y las atribuciones de sus diversas áreas administrativas, incluyendo sus manuales de organización y de procedimientos.
El directorio de sus servidores públicos desde el nivel de Funcionario Público hasta los Altos Funcionarios. A partir del nivel de director de área o equivalente, se publicarán sus currículas.
La información relativa a sueldos, salarios y remuneraciones de los servidores públicos, deberá ser publicada.
Los gastos de representación, viáticos y todo tipo de erogaciones realizadas por los servidores públicos en ejercicio o con motivo de sus funciones.
El domicilio oficial, número telefónico y dirección electrónica de la Unidad de Acceso a la Información Pública.
Los planes de desarrollo; los objetivos, metas y acciones contenidas en los programas sectoriales, regionales, institucionales y operativos anuales, que correspondan al sujeto obligado.
Los servicios que se ofrecen al público, así como los trámites, requisitos y formatos sugeridos para acceder a ellos y los derechos que deban pagarse.
El monto de los presupuestos asignados, los informes emitidos sobre su ejercicio y aplicación. En el Poder Ejecutivo, dicha información será proporcionada y actualizada permanentemente por la Secretaría de Finanzas y Planeación, la que además reportará sobre la situación de las finanzas públicas y la deuda pública del Estado.
Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que realicen, según corresponda, los órganos internos de control, la Contraloría General y el Órgano de Fiscalización Superior y, en su caso, las resoluciones que pongan fin al procedimiento de fiscalización; salvo lo dispuesto en el artículo 12 primer párrafo fracción VII de la presente ley.
Los informes que por disposición de la ley, rindan los titulares de los sujetos obligados.
Las enajenaciones y otros actos jurídicos relacionados con bienes públicos, indicando los motivos, beneficiarios o adquirentes, así como los montos de las operaciones.
Las reglas de operación, el padrón de beneficiarios, las sumas asignadas y los criterios de distribución y acceso para los programas de subsidios, apoyos, rescates financieros y otros que impliquen el traspaso u otorgamiento de recursos públicos a particulares, así como los resultados de las revisiones y auditorías practicadas en este rubro, tanto a los sujetos obligados como a los beneficiarios.
Las convocatorias a los procedimientos administrativos de licitación pública, licitación restringida o simplificada, incluidos los contratos o pedidos resultantes, además, de elaborarse un listado con las ofertas económicas consideradas. En el caso de los procedimientos administrativos de licitación.
El registro de licencias, permisos y autorizaciones otorgados.
El inventario de bienes inmuebles en propiedad o posesión de los entes obligados.
Las cuentas públicas estatal y municipales, así como los documentos relativos, incluyendo el informe de resultados de su revisión y su dictamen.
El origen de fondos auxiliares especiales y la aplicación que se haya hecho de los ingresos correlativos.
Los acuerdos concertados entre los sujetos obligados, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil.
Los convenios de coordinación celebrados con otras autoridades y los convenios de colaboración celebrados con particulares.
Los informes que presenten al Instituto Electoral Veracruzano los partidos, las organizaciones o agrupaciones de ciudadanos y asociaciones políticas, así como el resultado de las revisiones, auditorías y verificaciones que se practiquen en los procedimientos de fiscalización respectivos.
Las actas, minutas y demás documentos de las sesiones públicas de los sujetos obligados, incluyendo los de los Cabildos; del Pleno, las Salas y Tribunales del Poder Judicial; del Consejo de la Judicatura del Estado; del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano; y las resoluciones del Congreso del Estado, incluyendo las acciones de fiscalización del Órgano de Fiscalización Superior.
La relación de las solicitudes de acceso a la información pública y las respuestas dadas.
Las iniciativas de ley presentadas ante el Congreso del Estado, el proceso legislativo y los jurisdiccionales, acuerdos y decretos, así como el Diario de los Debates y la Gaceta Legislativa.
Los anteproyectos de reglamentos y decretos que elaboren el Poder Ejecutivo, los Ayuntamientos y los órganos autónomos, por lo menos 15 días hábiles antes de la fecha de su aprobación o entrada en vigor por la instancia correspondiente, a fin de considerar las opiniones de los ciudadanos interesados en la materia.
El Poder Judicial del Estado deberá hacer públicas las sentencias y resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, dentro de las que deberá solicitarse a las partes que manifiesten en el plazo de ocho días hábiles su oposición a la publicación de sus datos personales; de no manifestarlo así se tendrá por afirmativa su publicación.
Las controversias constitucionales planteadas por los sujetos obligados, aquellas en las que se les hubiera demandado o en las que resulten terceros interesados.
Los contratos, convenios y condiciones generales de trabajo que regulen las relaciones laborales del personal sindicalizado y de confianza que se encuentre adscrito a los Sujetos Obligados; así como el monto de las transferencias o apoyos económicos que se desprendan de lo anterior.
Los estados financieros de la Institución.
Los montos y nombre de las personas a quienes por cualquier motivo se entregue recursos públicos, así como los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos.
Toda otra información que sea de utilidad o se considere relevante, ademáde la que con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.
La relativa a sus actividades específicas más relevantes, que deberá incluir los indicadores de gestión utilizados para evaluar su desempeño.
Una relación de los servidores públicos comisionados por cualquier causa, incluso de carácter sindical.
El Poder Legislativo, además deberá hacer pública en Internet la siguiente información: 1. La agenda legislativa; 2. Las listas de asistencia y votación de cada una de las sesiones; y 3. El informe sobre el ejercicio de las partidas presupuestales que se asignen a los Grupos Legislativos.
Adicionalmente, el Poder Judicial deberá publicar en Internet la siguiente información: 1. Los principales indicadores sobre la actividad jurisdiccional, que deberán incluir, al menos, asuntos ingresados, egresados y existencia, por unidad jurisdiccional y agregados por todo el órgano de impartición de justicia; sanciones disciplinarias identificando al personal sancionado; el número de sentencias dictadas, y, en su caso, las que sean confirmadas, revocadas o modificadas, por unidad jurisdiccional; 2. Las listas de acuerdos, las sentencias relevantes, con los respectivos votos particulares si los hubiere; 3. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos jurisdiccionales y los resultados de los mismos; y 4. Los perfiles y formas de evaluación del personal jurisdiccional y administrativo
Los Ayuntamientos deberán hacer pública, en las mesas o tableros o en su oportunidad, en Internet, la siguiente información: a). Estadísticas e indicadores del desempeño de los cuerpos de policía municipal; b). Las cantidades recibidas por concepto de multas, así como el uso o aplicación que se les da; c). Los indicadores de gestión de los servicios públicos que presten los Ayuntamientos; d). El calendario con las actividades culturales, deportivas y recreativas, a realizar; y e). Los controles de asistencia de los integrantes del Ayuntamiento a las sesiones de ese cuerpo colegiado.
Adicionalmente, las autoridades electorales deberán hacer pública, en Internet, la siguiente información: a). Los expedientes sobre quejas resueltas por violaciones al Código Electoral; b). Listados de partidos políticos y demás asociaciones políticas registrados ante la autoridad electoral; c). El registro de candidatos a cargos de elección popular; d). Montos de financiamiento público, por actividades ordinarias, de campana y específicas otorgados a los partidos y demás asociaciones políticas; así como el monto autorizado de financiamiento privado y los topes de los gastos de campanas; e). Los informes sobre el monto, origen, empleo y aplicación de los ingresos que los partidos políticos y demás asociaciones políticas reciban, por cualquier modalidad de financiamiento; f). Los cómputos totales de las elecciones y procesos de participación ciudadana llevados a cabo en el Estado; g). Las listas de acuerdos, las sentencias relevantes con los respectivos votos particulares si los hubiere; y h). La demás que resulte relevante sobre sus funciones;
Adicionalmente, los partidos, asociaciones y agrupaciones políticos deberán publicar, en Internet, la siguiente información: a) El directorio de funcionarios partidistas, desde el nivel de Comité Municipal; b) Los informes que tengan que rendir con motivo de sus obligaciones legales y estatutarias, una vez que hayan sido aprobados por las instancias partidarias, o en su caso, por la autoridad electoral; c) Los informes anuales de campana, así como los de los procesos internos de selección de candidatos, una vez que hayan sido resueltos por el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano; d) Los contratos y convenios que celebren para el cumplimiento de sus actividades cotidianas; e) Las convocatorias y procedimientos de selección de candidatos para puestos directivos al interior del partido, así como para candidaturas a puestos de elección popular; f) Los índices de los expedientes clasificados como reservados y confidenciales; g) Los nombres de los responsables de los órganos internos de finanzas; h) El listado de las fundaciones que en términos del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave tienen derecho a recibir un porcentaje del financiamiento público anual que corresponde al partido político; y i) Los gastos de campaña.
Además, la Comisión Estatal de Derechos Humanos deberá hacer pública, en Internet, la siguiente información: a). Las recomendaciones enviadas, su destinatario y el estado que guarda su atención; b). Los recursos de queja e impugnación, el estado procesal en que se encuentran y, en el caso de los expedientes concluidos, el concepto por el cual llegaron a ese estado; toda esta información por destinatario de la recomendación; y c). Las estadísticas sobre las denuncias presentadas que permitan identificar el género de la víctima, su ubicación geográfica, edad y el tipo de queja;
Las universidades públicas deberán poner en Internet a disposición del público, la siguiente información: a) Los planes y programas de estudio según el sistema que ofrecen, ya sea escolarizado o abierto, con las áreas de conocimiento, el perfil profesional de quien cursa el plan de estudios, la duración del programa con las asignaturas por semestre, su valor en créditos y una descripción sintética para cada una de ellas; b) Los estados de su situación financiera, señalando su activo en propiedades y equipo, inversiones patrimoniales y fideicomisos, efectivo y los demás que apliquen para conocer el estado que guarda su patrimonio; c) Toda la información relacionada con sus procedimientos de admisión; d) Los indicadores de gestión en las evaluaciones al desempeno de la planta académica y administrativa; e) La remuneración de los profesores, incluyendo los estímulos al desempeno, nivel y monto; y f) Una lista con los profesores con licencia o en año sabático
El Instituto deberá hacer pública, en Internet, la siguiente información: a) La relación de los juicios de protección de derechos humanos que, en su caso, existan en contra de sus resoluciones; b) Las estadísticas sobre las solicitudes de información que deberán incluir el perfil del solicitante, el tipo de respuestas y los temas de las solicitudes; c) El resultado en materia de los programas implantados para la protección de datos personales y organización de archivos; d) Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la ley por parte de los sujetos obligados; e) El informe sobre las acciones de promoción de la cultura de transparencia; y f) La otra que se considere relevante y de interés para el público.

Consulta N°

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